La Red reconoce las trayectorias profesionales de las personas seleccionadas, advierte sobre la persistente desigualdad de género y reclama especial atención a la próxima designación de la presidencia de la Sala Penal.
Santo Domingo, 3 de noviembre de 2026.- La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), en el marco de su labor de vigilancia ciudadana de los procesos de selección de jueces y juezas de las altas cortes, presenta sus consideraciones sobre las recientes designaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La ROI valora positivamente que la carrera judicial, la experiencia jurisdiccional y las trayectorias profesionales hayan tenido un peso significativo en las nuevas designaciones. De las seis personas seleccionadas, cinco provienen de la carrera judicial conforme al mandato constitucional.
La designación de Justiniano Montero Montero como presidente de la SCJ también pone de relieve la experiencia acumulada dentro de la institución y la importancia de la continuidad de la carrera judicial, constituyendo un reconocimiento a la profesionalización de la judicatura y a la importancia de que quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia puedan acceder a las más altas responsabilidades del Poder Judicial.
Las designaciones de Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino, Julio César Emilio Canó Alfau y Amaury Antonio Pimentel Fabián, incorporan al máximo tribunal ordinario profesionales con una amplia trayectoria en distintas jurisdicciones. Por su parte, la selección de Ylona María de la Rocha Camilo, procedente del ejercicio profesional y de la academia, aporta una experiencia complementaria a la de quienes han desarrollado su carrera dentro del Poder Judicial. Para ROI la incorporación de la magistrada Antonia Josefina Grullón Blandino representa una contribución importante a la diversidad de conocimientos y experiencias de la SCJ, por trayectoria en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.
Es fundamental reafirmar que los procesos de selección de jueces y juezas no pueden convertirse en competencias de popularidad ni mediáticas. El escrutinio público, la libertad de expresión y el debate sobre las candidaturas constituyen manifestaciones legítimas de la participación democrática; sin embargo, estas deben distinguirse de las actuaciones orientadas a condicionar las decisiones institucionales mediante presiones ajenas a los criterios constitucionales y legales de selección. En este contexto, la ROI reconoce la importancia de que las trayectorias construidas dentro de la carrera judicial hayan ocupado un lugar central en las decisiones del CNM.
No obstante estos aspectos positivos, la ROI advierte que la nueva composición de la SCJ continúa reflejando una importante desigualdad entre mujeres y hombres. La presencia de mujeres sigue siendo insuficiente para alcanzar una composición paritaria. Con 5 mujeres entre 17 integrantes de esta alta corte, la representación femenina alcanza apenas el 29.4 %, frente a un 70.6 % de hombres.
Esta distribución contrasta con la presencia mayoritaria de mujeres dentro de la judicatura dominicana y evidencia que su participación en la carrera judicial todavía no se traduce proporcionalmente en el acceso a los espacios de mayor jerarquía y responsabilidad. Se precisa reconocer las capacidades y trayectorias de las juezas para superar las barreras que históricamente han limitado su acceso a los más altos tribunales. La ROI considera necesario que los futuros procesos de evaluación y selección incorporen una perspectiva de género que permita examinar las desigualdades existentes y avanzar de manera efectiva hacia una justicia más representativa e igualitaria.
En otro orden, la ROI advierte que corresponde ahora al Pleno de la SCJ determinar la integración de sus salas y designar, entre sus integrantes, a quienes ejercerán sus respectivas presidencias. Particular atención merece la designación de la presidencia de la Segunda Sala, competente en materia penal, por la trascendencia de los asuntos sometidos a su conocimiento. En consecuencia, la ROI considera indispensable que la designación de su presidencia responda a criterios verificables de idoneidad, independencia, integridad, experiencia en materia penal y capacidad de dirección jurisdiccional.
La ROI mantendrá especial atención sobre esta decisión, convencida de que la vigilancia ciudadana no debe concluir con la selección de quienes integran las altas cortes, sino extenderse a las decisiones posteriores que inciden en su funcionamiento y en la confianza pública en la justicia.
Reafirmamos la importancia de la vigilancia ciudadana independiente de los procesos de selección de jueces y juezas como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Asimismo, recordamos que las decisiones de CNM deben estar acompañadas de niveles adecuados de transparencia, publicidad y motivación, que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar los fundamentos de las designaciones, por lo que reitera la importancia de la publicación de las actas y de las motivaciones de las decisiones adoptadas, particularmente en lo relativo a los criterios utilizados para valorar las candidaturas.
Finalmente, reiteramos que la observación ciudadana tiene como propósito es contribuir a que las decisiones públicas respondan a la Constitución, al ordenamiento jurídico y al interés general; por lo que la vigilancia ciudadana organizada constituye un contrapeso democrático que contribuye a preservar la autonomía de las instituciones y a fortalecer su legitimidad.
La Red reitera su compromiso con una justicia independiente, profesional, transparente, igualitaria y comprometida con los valores de la democracia constitucional.