Odalis Castillo, Elvin Castillo y Jennifer Sepúlveda analizaron los riesgos para el periodismo y propusieron revisar los mecanismos de protección del honor, durante un panel moderado por Kelvin Herrera.
Santo Domingo, D.N., 14 de octubre 2026.- Los participantes del panel “Libertad de Expresión, Periodismo y Medios de Comunicación frente al Nuevo Código Penal”, celebrado durante el I Seminario Nacional ADOCCO, expresaron preocupación por el riesgo de autocensura y por la posibilidad de que los procesos penales sean utilizados para intimidar el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana.
Odalis Castillo, Elvin Castillo y Jennifer Sepúlveda coincidieron en reconocer la importancia de proteger el honor y la reputación, aunque cuestionaron el alcance de la respuesta penal y destacaron la necesidad de preservar la investigación periodística, el escrutinio del poder y el derecho de la sociedad a recibir información.
El panel fue moderado por Kelvin Herrera y formó parte del encuentro organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción el 30 de septiembre, en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
Odalis Castillo alerta sobre el miedo a investigar y denunciar
La periodista Odalis Castillo sostuvo que la libertad de expresión es esencial para la democracia y que el periodismo cumple una función de fiscalización del poder.
Advirtió que el temor a enfrentar consecuencias penales puede llevar a periodistas a inhibirse de investigar o denunciar, incluso antes de comprender plenamente el alcance de las disposiciones legales.
Castillo destacó la necesidad de distinguir entre la intimidad de un funcionario y aquellas informaciones que, aunque involucren aspectos personales, resultan relevantes por su relación con el ejercicio del cargo o el uso de recursos públicos.
También planteó interrogantes sobre el alcance de la expresión “verificación razonable”, al señalar que su interpretación debe ofrecer claridad a quienes realizan investigaciones sustentadas.
Reconoció el deber de verificar, contrastar fuentes y buscar documentos, y propuso evaluar respuestas como la rectificación y las multas frente a las afectaciones al honor, procurando que la sociedad no pierda acceso a información de interés público.
Elvin Castillo cuestiona el uso intimidatorio de la legislación
Elvin Castillo reconoció que la comunicación digital ha ampliado la participación ciudadana, pero señaló que también ha favorecido prácticas de desinformación, ataques a la reputación y generación de ingresos mediante contenidos dañinos.
Admitió que esos abusos requieren una respuesta, aunque consideró excesivo el alcance de la vía penal y defendió la posibilidad de abordarlos mediante una legislación especial.
El comunicador advirtió que el poder político, empresarial u otros sectores podrían utilizar los mecanismos penales para amedrentar al periodismo, particularmente en un contexto de debilidades institucionales.
Sostuvo que la investigación profesional, respaldada por documentos, pruebas y contraste de fuentes, debe continuar. No obstante, señaló que existen sectores de la comunidad periodística que se sienten intimidados y que ese temor puede generar autocensura.
Asimismo, pidió claridad sobre la responsabilidad de las empresas de comunicación por las actuaciones de empleados o de quienes arriendan espacios, planteando la necesidad de precisar las obligaciones de supervisión en cada relación.
Jennifer Sepúlveda propone proteger el honor sin recurrir a la prisión
Jennifer Sepúlveda sostuvo que la discusión debe centrarse en cuáles herramientas resultan adecuadas para proteger el honor, mediante una ponderación de los derechos involucrados.
Defendió que la difamación y la injuria puedan tratarse en la jurisdicción civil o, al menos, sin penas de prisión. Distinguió esas conductas del chantaje y la extorsión, que consideró asuntos diferentes.
“Nos bajaron las penas, o la pena, pero no nos quitaron la reja”, expresó al cuestionar que se mantenga la posibilidad de encarcelamiento por delitos de palabra.
La expositora señaló que el efecto inhibidor puede manifestarse en preguntas que dejan de formularse, nombres que no se mencionan e investigaciones que permanecen archivadas. También destacó el papel de los tribunales en la interpretación de las disposiciones y la protección de los derechos fundamentales.
“Un país donde se encarcela por hablar no es más honrado, es más callado”, concluyó.
Durante la moderación, Kelvin Herrera llamó la atención sobre el impacto que puede producir el sometimiento a un proceso penal, aun antes de determinarse si existe una infracción, y planteó la necesidad de discutir garantías para los casos vinculados con la expresión.
Las intervenciones destacaron la importancia de ampliar la formación sobre el Código Penal y mantener el debate sobre su aplicación, la protección del honor y las garantías del ejercicio periodístico.