Santo Domingo, RD. — El Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo que permitirá a las instituciones del Estado verificar en tiempo real el estatus de los notarios que intervienen en procesos de contratación, fortaleciendo la transparencia y la seguridad jurídica en las licitaciones públicas.
El convenio, suscrito por Carlos Ernesto Pimentel Florenzán y Jhon Richard Paniagua Feliz, introduce un mecanismo de validación digital que impedirá la participación de notarios no habilitados —ya sea por suspensión, inhabilitación o cualquier otra condición legal— en procesos oficiales.
La medida impacta directamente el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, que gestiona alrededor del 32 % del presupuesto nacional, con más de 120,000 proveedores, unas 670 unidades de compra y un volumen superior a los RD$450,000 millones, consolidando al notariado como un actor clave en la garantía de la legalidad.
“Por primera vez tendremos acceso en tiempo real a la base de datos del Colegio de Notarios, lo que permitirá cerrar espacios a irregularidades en los procesos públicos”, afirmó Carlos Ernesto Pimentel Florenzán .
Por su parte, Jhon Richard Paniagua Feliz destacó que el acuerdo representa un cambio estructural en la relación entre el notariado y el Estado, orientado a fortalecer la confianza y la integridad institucional.
El acuerdo también contempla la estandarización de los actos notariales en licitaciones, especialmente en la apertura de ofertas, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y garantizar mayor consistencia en los expedientes administrativos.
Asimismo, se prevé la implementación de la firma digital notarial a partir de 2026, lo que permitirá avanzar hacia la digitalización total de los procesos y asegurar la trazabilidad de cada documento.
Como parte de su ejecución, ambas instituciones establecerán una Mesa Técnico-Legal encargada de desarrollar normativas, protocolos y programas de capacitación para los actores involucrados en el sistema de contrataciones públicas.
Con una vigencia inicial de dos años, esta alianza fortalece la institucionalidad y posiciona a la República Dominicana en la ruta de un sistema de compras públicas más transparente, eficiente y confiable.