Por Fernando Rodríguez
Los delitos de difamación e injuria han alcanzado niveles aterradores en una sociedad de leyes flexibles en aras de la preservación de la libertad de expresión.
De esta conquista social se vive abusando y hay personas que, con el libre acceso a los medios de comunicación digitales y tradicionales, abusan constantemente de este derecho, afectando la honra y buen nombre de cualquier ciudadano, a veces por maldad y en ocasiones para chantajear o extorsionar a determinadas personalidades que evitan verse envueltas en situaciones de escándalos públicos.
La tolerancia de las autoridades y de quienes evitan involucrarse en asuntos judiciales, envalentonaron a personajes como Ángel Martínez y Aquiles Jiménez, ambos detenidos y sometidos a la justicia después que varias figuras públicas interpusieron querellas por los improperios divulgados contra ellos, dando pie a procesos legales que han frenado a otras difamadoras con sobrenombres vacunos que, en su momento, también tendrán que responder por las imputaciones calumniosas y groseras vertidas alegremente contra la honra y la moral de funcionarias como Faride Raful.