Santo Domingo.– Maribel Espaillat, , administradora de la discoteca Jet Set, habría intentado presionar a Gregory Adames Arias, encargado de reservaciones y operaciones del establecimiento, para evitar que revelara información sensible sobre las condiciones estructurales del local, días después del colapso.
Según el extenso testimonio de Adames, quien trabajó en el Jet Set desde 2018 en el centros de diversiones el Ministerio Público, Maribel lo visitó tras el incidente y le advirtió que lo que él sabía era “muy delicado” y que podría significar una condena de hasta 20 años de prisión para su hermano, Antonio Espaillat, también propietario del negocio.
Esta advertencia, según dijo, lo llenó de temor y lo llevó a declarar que teme por su vida debido al cúmulo de información que posee sobre las fallas y omisiones en el Jet Set.
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El relato de Gregory Adames detalla años de fallas estructurales en el establecimiento, como filtraciones constantes, desprendimiento de plafones y sobrecarga en el techo por equipos de aire acondicionado, tinacos y casetas.
Asegura que había advertido repetidamente a los propietarios sobre el riesgo que representaban estas condiciones.
De hecho, apenas dos días antes de la tragedia, el 5 de abril, varios plafones colapsaron parcialmente, y fue el propio Adames quien los recogió.
El día del evento con el merenguero Rubby Pérez, advirtió por llamada y mensajes de WhatsApp a Antonio Espaillat sobre el peligro inminente, y solicitó suspender la actividad luego de que un cliente fuera impactado por un fragmento del techo.
Antonio Espaillat.
Maribel, afirma, se negó argumentando que esa decisión correspondía a su hermano.
El fatídico momento
El colapso ocurrió a las 12:46 de la madrugada, cuando el local albergaba a unas 570 personas.
Adames contactó de inmediato a Antonio para informarle del desastre.
Otro dato que consideró inquietante fue que, pese a haber hablado varias veces con Maribel después del siniestro, ella declarara a un medio que él había fallecido en el colapso.
El testimonio de Adames, quien entregó voluntariamente su teléfono celular a las autoridades, podría convertirse en una pieza clave del expediente judicial, al revelar no solo negligencia previa al colapso, sino también posibles maniobras de encubrimiento posteriores.