La comisión especial del Senado que estudia el proyecto de ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales se reunió ayer con representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana, que si bien se mostraron de acuerdo con la iniciativa, también señalaron algunos aspectos que resultan “preocupantes” para el ejercicio periodístico y el acceso a la información.
La coordinadora general del movimiento, Leidy Blanco García, aseguró que la organización valora positivamente el proyecto de ley, dada su contribución al fortalecimiento de la libertad de expresión. Sin embargo, se mostró inquieta sobre lo establecido en algunos apartados, entre ellos el artículo nueve que aborda el derecho de los medios de preservar información veraz.
Explicó que el referido artículo representa una gran amenaza para los medios de comunicación y periodistas a los cuales se les podría solicitar el borrado de información.
Otro de los puntos en los que se mostraron en desacuerdo fue la conformación del Instituto Nacional de Comunicaciones (INACOM) cuyo mandato sería solo de dos años de acuerdo con la pieza. En ese sentido, Participación Ciudadana sugirió extender los mandatos a cuatro años como medida para fortalecer y garantizar la independencia del órgano.
La organización también señaló el artículo 59, el cual dispone que, en caso de un proceso judicial, el juez puede ordenar que se suprima del proceso, los datos y que resulten difamatorios o injuriosos.
“Eso sería imposible porque tanto los abogados, como el Ministerio Público, los fiscales, presentan una acusación, y las acusaciones pueden contener datos que sean difamatorios para el imputado, pero son parte esencial del proceso”, explicó Blanco García.
El artículo 23 sobre el derecho al borrado de información, Participación Ciudadana advirtió sobre la necesidad de excluir expresamente los procesos judiciales por su carácter público y su importancia en la transparencia de los procesos.