En un esfuerzo conjunto que ha logrado articular a seis instituciones de Estado Dominicano, el proyecto de ley impulsado por las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses que busca crear el Sistema Nacional de Alertas “Alerta RD” se encuentra en su etapa final para ser conocido y aprobado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
La propuesta, construida desde el Congreso y fortalecida con los aportes técnicos de instituciones públicas, es una herramienta para dar respuesta inmediata ante desapariciones y situaciones de peligro inminente que afectan a la población más vulnerable del país, incluirá la activación diferenciada de cuatro tipos de alertas:
• Alerta AmberRD: para niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
• Alerta Silver: para adultos mayores en condición de riesgo.
• Alerta Azul: orientada a personas con discapacidad en alto riesgo.
• Alerta Rosa: para mujeres víctimas de violencia o posibles casos de trata.
Desde que fue depositado por las diputadas Barceló y Mieses, el proyecto se ha convertido en un eje articulador de esfuerzos institucionales, donde el Sistema 911, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) han contribuido con sus observaciones y aportes técnicos, consolidando un texto legislativo más robusto, integral y operativo.
Actualmente, la iniciativa liderada por Barceló y Mieses en el Congreso está siendo trabajada en la Comisión Permanente de Interior y Policía.
El presidente Luis Abinader ofreció su respaldo público a la propuesta, anunciando que el sistema podría entrar en funcionamiento en un plazo de tres meses, lo que representa un espaldarazo institucional a una ley reclamada por un amplio sector de la sociedad.
El sistema contempla además un Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) que permitirá actuar sin demora ni burocracia desde la primera denuncia, eliminando la espera de 24 horas que tantas veces ha costado angustia –y en ocasiones, vidas– a cientos de familias dominicanas.
“Este es un proyecto país. Hemos escuchado a expertos, víctimas e instituciones. Estamos construyendo una ley con rostro humano y capacidad de acción real. Ahora toca aprobarla con responsabilidad”, afirmó la diputada Carmen Ligia Barceló, representante de Hato Mayor.
Por su parte, la diputada del Distrito Nacional, Liz Mieses, añadió: “Hoy más que nunca, con el respaldo del presidente y la articulación institucional que hemos logrado, reafirmamos que esta ley nace desde el Congreso para proteger vidas, especialmente de quienes tienen menos posibilidades de defenderse.”
Se trata de una ley articulada con múltiples instituciones que, para los especialistas con esta propuesta legislativa, la República Dominicana avanza hacia una respuesta estructural, coordinada y efectiva frente a la desaparición de personas vulnerables.