Por Cristian De Jesús Báez Alberto
La República Dominicana mantiene un importante desafío en torno al fomento de valores morales, compromiso ciudadano e involucramiento de todos los dominicanos en la búsqueda de soluciones a situaciones que requieren ser mejoradas, tales como cuidar los espacios públicos, pagar oportunamente los servicios públicos, respetar las señales de tránsito, valorar la convivencia social, entre otros. Sin embargo, la lucha contra la corrupción, el uso adecuado y transparente de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las leyes relacionadas con el manejo de dichos recursos, llegan a un nivel en el cual las autoridades no pueden ofrecer soluciones definitivas de manera unilateral, sin la participación de la sociedad, en sus diferentes representaciones.
En nuestra exposición ante la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas (CC) de la Cámara de Diputados, como Postulante a Presidir la Cámara de Cuentas (CC) o a formar parte del Pleno de esta, hice referencia a la necesidad del fomentar el desarrollo del control social, a través de mecanismos que deben ponerse a disposición pública para generar la participación de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, en procura de ejercer un rol de vigilancia permanente sobre quien maneje recursos públicos.
Resaltando la importante responsabilidad, que por mandato constitucional tiene la Cámara de Cuentas, junto al Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y la participación de la sociedad, en lo que respecta al control y fiscalización del uso de los recursos públicos, con los mandatos específicos de las respectivas leyes de estas instituciones, así como de los medios puestos al alcance de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, es primordial que se fortalezcan los mecanismos de relación con estos, garantizando un espacio de participación y contribución, en favor del buen uso de los recursos públicos.
Tanto la Ley número 18-24 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su artículo 8, así como la Ley número 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, en su artículo número 10, hacen referencia a la importancia del control social para vigilar el uso correcto de los recursos públicos, con eficiencia, eficacia, transparencia y economía.
En este sentido, entendemos que el control social es transversal a todos los demás tipos de control (interno, externo y legislativo), y que cada uno de estos, debe hacer lo necesario para posibilitar este importante rol. De manera específica, la CC, en cumplimiento a su responsabilidad como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado (artículo 246 de la Constitución de la República Dominicana), debe establecer mecanismos ágiles y eficientes de recepción de denuncias, de forma electrónica o física, con las debidas funcionalidades técnicas para que se puedan compartir imágenes y documentos que sustenten la participación social, como posibles evidencias o recursos de apoyo a lo denunciado. En ese mismo sentido, mantener una campaña permanente dirigida a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para que comprendan su rol en lo que respecta al Control Social, lo ejerzan con responsabilidad y lo pongan al servicio de los mejores intereses del país.
El mes de la patria dominicana se inicia el 26 de enero, con el natalicio de Juan Pablo Duarte, y se extiende hasta el 27 de febrero, día de la independencia de la República Dominicana, y en mi opinión, no hay mejor forma de honrar a Duarte, Sánchez, Mella, y demás héroes dominicanos, que fomentando y manteniendo en alto nuestra responsabilidad social, individual y colectiva, para el bien de todos.
Sobre el autor. Nació en noviembre del 1979, en Santo Domingo. Casado con Lizmary Torres, tienen tres hijos. Cristiano de fe. Estudios superiores de Licenciatura en Administración de Empresas, dos Maestrías, en Administración Financiera y en Alta Dirección Pública. Cursos y diplomados en administración financiera y control del sector público, auditoría, presupuesto, gestión de tesorería, contrataciones públicas, tributación, gestión humana, ciencias políticas, habilitación docente, formación de facilitadores, entre otros. Con 19 años de experiencia en dos órganos rectores de la administración financiera pública (Tesorería Nacional y Contraloría General de la República), y varios años en el sector privado. Facilitador durante más de 10 años, enseñando sobre gestión de tesorería, mercados financieros, cuenta única del tesoro y control interno.