MIRANDO POR EL RETROVISOR
Por Juan Salazar
¿Son los presidentes inocentes y hasta ajenos a todas las situaciones negativas y desaciertos que se dan en los gobiernos que encabezan?
La realidad es que, en los países presidencialistas, como la mayoría de América Latina y el Caribe, el jefe de Estado se asume como un mesías adornado de buenas intenciones, siempre preocupado por el bienestar de los gobernados y un ser humano prácticamente infalible.
Sus funcionarios siempre son los culpables de todo lo malo que ocurre, porque lo que se estila es que a los presidentes se les pegue todo lo positivo y a sus adláteres los yerros.
Los funcionarios lo entienden perfectamente, porque están bien claros de que su permanencia en el cargo depende, no solo de su capacidad y desempeño, sino de congraciarse con la persona que tiene el poder de sustituirlos cuando se le antoje.
En las notas de prensa que envían a los medios de comunicación para destacar algún logro en las instituciones que dirigen nunca faltan esos clásicos ditirambos: “Eso se logró por disposición del presidente…”, “Esta obra es fruto del compromiso del presidente …”, “Ese beneficio para la población se debe a la sensibilidad del presidente …”.
Cuando, por el contrario, ocurre algo negativo, la culpa es siempre del funcionario que no está en sintonía con el compromiso del mandatario de llevar a cabo una gestión histórica, eficaz y comprometida con el bienestar de la población.
Un pequeño ejemplo. En muchas ocasiones el gobernante designa en determinado cargo a un funcionario sin ningún tipo de vinculación previa con la entidad que dirigirá. El fenecido presidente Joaquín Balaguer en una ocasión designó al comunicador Moisés Blanco Genao, administrador de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
En muchas ocasiones el gobernante designa en determinado cargo a un funcionario sin ningún tipo de vinculación previa con la entidad que dirigirá.
Y la pregunta es: ¿Quién fue culpable de su pobre desempeño en el cargo? ¿El funcionario por tener poco conocimiento del área que manejaba o el jefe de Estado que lo designó a sabiendas de que era así?
El Ministerio de Educación ha sido, para solo citar una institución estatal, el que ha tenido en los últimos años más titulares sin ninguna vinculación estrecha con el sector: Milagros Ortiz Bosch, Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro. Ahora tendremos otro ensayo similar con el abogado Luis Miguel De Camps, lo que ha generado ya la inconformidad de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Todos recuerdan que el economista Miguel Ceara Hatton, cuando tomó posesión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en julio de 2022, admitió que tenía pocos conocimientos del área que había sido puesta en sus manos por el presidente Luis Abinader.
No se sorprendan si en el futuro algún mandatario se le ocurre el curioso ejercicio de designar en el Ministerio de la Juventud a una persona de la tercera edad y a un hombre en el Ministerio de la Mujer.
Pero los presidentes de la República también se muestran apáticos y hasta “ajenos” a todas las irregularidades de funcionarios, a quienes dejan en los cargos más tiempo del debido, pese a los constantes escándalos en que se ven envueltos.
¿Quién es más culpable, el funcionario que hace y deshace en un puesto público al que debe ir a servir o el presidente de la República que se hace el desatendido y no lo destituye?
Y por lo menos existen las redes sociales. Solo desde ese escenario cuestionan a los gobernantes que asumen un discurso y en la práctica terminan haciendo todo lo contrario. Otro botón al respecto. Todos los presidentes que hemos tenido en los últimos años se presentan como abanderados de la equidad de género. Pero sus administraciones han estado llenas de hombres. Pocas mujeres dirigen ministerios –siempre los mismos- y otros cargos relevantes. Como una especie de premio de consolación son designadas en las gobernaciones.
¿Ahora por qué en nuestra amada media isla los presidentes actúan libres de cuestionamientos? El resto de los poderes del Estado no asume su rol de contrapeso y los medios de comunicación se muestran timoratos por la presión de la publicidad estatal.
Un ejemplo de democracia donde los gobernantes tienen que rendir cuentas de sus actos es Costa Rica. A Óscar Arias Sánchez, dos veces presidente de la República (1986-1990 y 2006-2010) y Premio Nobel de la Paz, en 1987, el ministerio público de Costa Rica le imputó impulsar ilegalmente en 2008 el proyecto minero canadiense conocido como “Crucitas”
El mandatario fue acusado de firmar un decreto en 2008 que declaraba “de interés público” y “de conveniencia nacional” el proyecto minero de una firma canadiense. La concesión, no solo fue anulada, sino que en su sentencia los jueces solicitaron determinar si Arias debía afrontar una causa penal por la firma de ese decreto. Ese presidente también tuvo que hablar hasta mandarín en su país para explicar por qué aceptó en República Dominicana una membresía gratuita de un importante complejo turístico en el este del territorio nacional.
Ya como expresidente, además, enfrentó una acusación de violación, acoso y abuso sexual.
En los deportes de conjunto cuando un equipo exhibe un mal desempeño, la mayoría de las críticas van dirigidas al mánager porque es la cabeza. Y al final terminan destituyéndolo, porque no resultaría apropiado cambiar el equipo entero.
Como nación deberíamos ser más exigentes con la figura del presidente de la República, en lugar de tratarlo como la persona libre de culpa, ajena a todo cuanto ocurre en su gestión e incluso hasta desinformada, cuando todos sabemos que sí está al tanto de los más mínimos detalles sobre el curso de su administración.
Las democracias se consolidan cuanto cuestionamos a todos los integrantes de los poderes del Estado, desde el más chiquito hasta el que ocupa el puesto más elevado.
Y dejar atrás esa pésima costumbre de que los presidentes sean todo el tiempo los angelitos y los funcionarios los mefistófeles de las obras de gobierno.