Por: Alejandro Santos
Los niveles de observación y vigilancia hacia los diversos estamentos públicos han aumentado considerablemente en nuestro país. Es cada vez más notoria la cantidad de seguimiento que se genera en los ámbitos de la administración de los fondos públicos, y de manera especial, existe una corriente de cuestionamientos focalizados contra los partidos políticos.
Es imposible dejar de admitir que los partidos dominicanos, con su accionar, han contribuido a colocarse en el centro de las críticas. Estas críticas están relacionadas con los continuos escándalos del mal uso de los fondos públicos, el vacío de un liderazgo referente de valores ejemplares, la desconexión de los partidos con muchas de las aspiraciones reales de la sociedad, así como la desintegración de las filas de sus militantes y la degradación de los representantes para cargos electivos, siendo una gran parte de ellos provenientes o relacionados con actividades ilícitas del bajo mundo.
Los partidos reciben miles de pesos por el financiamiento vía el presupuesto nacional, además de obtener recursos de otras fuentes, algunas de las cuales están bajo la lupa por su procedencia de actividades ilícitas.
Los partidos se enfrentan a una realidad que les impone una mayor responsabilidad y cuidado a la hora de escoger su dirigencia. A lo lejos, se puede ver que la sociedad dominicana se ha sentido burlada por la clase política.
No obstante, un sistema de partidos fuerte constituye una garantía para el funcionamiento del sistema democrático. Hasta ahora, ha sido el mejor mecanismo que ofrece mayor estabilidad y alternabilidad en los procesos electorales.
Al repasar lo sucedido en otros países donde los partidos prácticamente han desaparecido, las crisis que han seguido ofrecen ejemplos más que suficientes para concluir que la destrucción de los partidos políticos deja secuelas peores en términos de daños institucionales, lo que luego hace casi imposible establecer un orden social estable. Posteriormente, lo que impera es el caos y el desorden, o la instauración de un régimen dictatorial de fuerza.
En los países que se ha apostado por destruir los partidos, los resultados señalan que más bien se han obtenido frustraciones con los intentos de llevar a personas ajenas a los compromisos partidarios. Aquí, las experiencias claramente han demostrado que “la medicina ha salido peor que la enfermedad”.
La vía que puede reportar mejores beneficios a nuestro país debe estar en consonancia con exigir más transparencia y desempeño de los partidos, reclamando que sean más rigurosos en la selección de sus dirigentes y candidatos. Debemos llevar a los partidos a que sean más fuertes y menos demandantes de recursos públicos y de procedencia dudosa.
Nuestra democracia, imperfecta y con debilidades, ha permitido que nuestro país se mantenga estable y en una vía de crecimiento económico. Debemos preservar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos, pero definitivamente no buscar opciones radicales que destruyan el orden constitucional e institucional que tenemos.