Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, vía el Senado, los proyectos de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
La primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y el país, como es el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del estado social y democrático de derecho.
La ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza es categórica al tipificar la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y tráfico de drogas, entre otros.
La segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.