Por Fernando Rodríguez
Si la política de Protección de Datos que pretende imponer la Suprema Corte de Justicia para garantizar la omisión o desconocimiento público de los nombres de los funcionarios o ciudadanos involucrados en los grandes actos de corrupción en nuestro país como la Sun Land, los Super Tucano y la Odebrecht, para solo citar tres casos, hubiese existido cuando se iniciaron esos procesos legales, los acusados habrían salido ilesos, limpios y puros como el más inocente de los mortales sin que la sociedad se enterara ni siquiera de los nombres de los involucrados en esos sonados casos de corrupción.
Eso es parte de lo que se pretende con una disposición que emana de una Suprema Corte de Justicia dirigida por una persona que se desmontó de una yipeta participante en las caravanas políticas de la campaña del candidato presidencial del PLD, para ingresar sin ningún rubor, a la alta posición que hoy ocupa junto a un sistema judicial integrado por jueces y fiscales nombrados por los gobernantes del referido partido. Esa cortina protectora podría cubrir también a quienes desde este gobierno y los sucesivos, cometan actos de corrupción.
Por ello, debemos apoyar, sin reservas, la firme posición de la Sociedad Dominicana de Diarios en contra de la referida medida.