Por Fernando Rodríguez C.
En el sistema democrático todas las reformas que se apliquen a nivel nacional y que influyan en el desenvolvimiento económico, político y social de la nación deben ser expuestas a la opinión pública, previo a su aprobación, para escuchar las opiniones de los sectores que de una forma u otra se verán afectados con las mismas.
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Quienes elaboran los proyectos de reformas pueden tener las mejores calificaciones técnicas y hasta las mejores intenciones, pero eso no basta para darse como bueno y válido todo lo que propongan y sea pasible de aprobarse con base en una mayoría congresual ganada en buena lid pero no por eso infalible.
El consenso no es posible por la diversidad de intereses políticos sociales y económicos que prevalecen en un país donde nadie quiere ser tocado a la hora de hacer sacrificios en beneficio del bien común, por eso el Gobierno debe seguir adelante enmendando lo que sea necesario para que el sacrificio fiscal sea repartido con cierta equidad.
Esto porque tradicionalmente la clase media es la que ha cargado siempre con la mayor cuota de sacrificios a la hora de las reformas fiscales por lo que el Gobierno debe buscar los mecanismos necesarios para que esta realidad sea, por lo menos, mitigada.