Santo Domingo.- El avión procedente de Venezuela confiscado en el país por orden de las autoridades de Estados Unidos está a nombre de una empresa privada,no del presidente Nicolás Maduro.
Así lo indicó este lunes el presidente de la República, Luis Abinader en la acostumbrada Semanal con La Prensa.
En tanto que el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez informó también que en mayo el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional, para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900 EX con fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos.
«Todo esto en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el departamento de Justicia de Estados Unidos, dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves», explicó.
Añadió que el 22 de mayo pasado el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por una tribunal nacional competente, que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión.
El canciller dominicano señaló que en el día de hoy se obtuvo una nueva orden judicial autorizando la entrega de aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos, y por lo tanto el Ministerio Público entregó el avión y el Gobierno estadounidense la trasladó hacia su país.
Roberto Álvarez aclaró, además, que ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos, sino que solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional.
Sostuvo que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud del secuestro de la aeronave.
Recordó, también, que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de brindar este tipo de cooperación jurídica y que hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello.
Agregó que el órgano judicial tiene autonomía y estos son asuntos en los que el Gobierno Central no opina.