Por Fernando Rodríguez
Al final de cuentas, el gobierno de Luis Abinader tendrá que abocarse, con su mayoría congresual, a ejecutar las reformas fiscales y constitucionales que estime necesarias para bien del país sin esperar el deseado consenso con las fuerzas opositoras que, como tales, por encima de las conveniencias nacionales, se opondrán a todo lo que consideren pueda favorecer la imagen del Gobierno y el partido en el poder.
En un país donde se estila hacer oposición apostando al fracaso del partido gobernante, no se puede esperar nada de gentes que gobernaron durante 20 años saqueando el erario y dejando montada una estructura judicial que, pese a los esfuerzos de la Procuraduría y su equipo, no han podido impedir la absolución de los responsables de grandes actos de corrupción del pasado reciente como los Super Tucanos y la Odebrecht.
En aras de la democracia, considero que todos los sectores de la sociedad deben ser escuchados en las ponderaciones de las reformas proyectadas al presente y futuro, pero de ahí a pretender consenso hay un gran trecho por la diversidad de intereses y posiciones que pueden dilatar el proceso enmarañando el mismo y distrayendo la atención del presidente frente a los graves y urgentes problemas que aquejan cotidianamente al país.