Por Fernando Rodríguez C
En el contexto de las múltiples reformas que necesita el país para encauzarse por los caminos del progreso, se prioriza la reforma fiscal por los recursos que aportaría al Estado para proseguir con los cambios necesarios en los distintos aspectos de la sociedad sin perder de vista la necesidad de no lesionar a los sectores más empobrecidos los que, tradicionalmente, han cargado con los platos rotos en los festines de los más poderosos.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles por una situación de crisis global que no es ajena a ningún sector de la sociedad, pero el Estado como garante de la paz, la inversión y el desarrollo tiene que manejarse con mucha cautela para hacer entender a los más pudientes que deben hacer sus aportes en beneficio de la sociedad, despojándose de incentivos y exenciones, además de combatir las evasiones del ITBIS e impuestos sobre la renta.
La firmeza del presidente Abinader en propiciar la reforma que desde el 2010 ha sido retrasada por temor a la baja de las simpatías políticas entre los sectores que, necesariamente serán afectados, habla muy bien de él y lo coloca en posición de ejecutarla, luego de algunos ajustes en el gasto público, cuidándose siempre de no afectar a los más empobrecidos.