El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía dominicana crezca un 4 % en 2023 y prevé que en 2024 el crecimiento vuelva a situarse en torno al nivel potencial conforme se recupera la economía mundial. Además proyecta que el déficit en cuenta corriente se reduzca en el mediano plazo, debido a menores precios de los “commodities” y a mejoras constantes de las exportaciones y de los ingresos por turismo en vista de la recuperación mundial.
Al concluir la misión del Artículo IV de este año con el país, el personal técnico del FMI recomendó que a corto plazo, las prioridades de las políticas deben seguir procurando garantizar que la inflación retorne al nivel fijado como meta, mantener la trayectoria descendente de deuda pública mientras se sortea la moderación del crecimiento y se salvaguarda la estabilidad financiera.
Y a mediano plazo, insta a que se centren en reforzar aún más los marcos de política, el clima empresarial y las redes de protección social para reforzar el crecimiento inclusivo.
En el tema de política fiscal, aboga por mejoras adicionales a los marcos de políticas fiscales—incluyendo la introducción de una Ley de Responsabilidad Fiscal, mejoras en la gestión financiera pública, en la gobernanza de la infraestructura y de la administración tributaria—, en paralelo con iniciativas para incrementar de forma duradera los ingresos mediante la ampliación de la base impositiva y la reducción de las exenciones también podrían apoyar la sostenibilidad fiscal.
La misión del FMI estuvo dirigido por Emilio Fernández-Corugedo, quien visitó la República Dominicana del 8 al 19 de mayo para mantener conversaciones en el marco de la consulta del Artículo IV. Y en el tema de política financiera, el FMI indica que es necesario seguir avanzando en la modernización del marco regulatorio y en ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales. E introducir un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito también reforzaría la estabilidad financiera.
Los representantes del FMI pidieron también llevar a cabo las reformas estructurales y tener firmes esfuerzos para la mejora de las instituciones públicas, la gestión de Gobierno y el clima de negocios —un aspecto central del programa de reformas de las autoridades— son fundamentales para promover un crecimiento inclusivo y resiliente.
“Las autoridades deben perseverar en las reformas del sector eléctrico y garantizar a la vez un apoyo adecuado a la población más vulnerable. Se deben seguir adoptando políticas de adaptación y mitigación climática en el marco del plan de acción de las contribuciones determinadas a nivel nacional a fin de reducir las vulnerabilidades”, concluye el documento.