El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llamó a todos los sectores, en especial a los congresistas, a rechazar el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que cursa en el Senado de la República.
A juicio de Martínez, esas son claras pretensiones de hacer socavar la soberanía nacional.
La pieza, depositada en el Congreso en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo, ha sido catalogada por Martínez como “alta traición”.
El expresidente de la Cámara de Diputados expresó que ese proyecto de ley “es un claro atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado”, cuyo propósito sería proteger y dar cabida abiertamente a la inmigración ilegal, tomando en consideración la profunda crisis y la inestabilidad que se vive en Haití.
Dice que eso una sumisión por parte del Gobierno, ante las presiones de organismos internacionales para imponer su agenda antidemocrática en detrimento del país.
“Nos están diciendo que millones de ciudadanos haitianos con tan solo admitir que son víctimas de trata o tráfico ilícito, sin investigación previa, podrán adquirir derechos y privilegios adicionales a los ya establecidos en el marco del Derecho Internacional Humanitario para este tipo de casos; privilegios, por demás, que tendrá que garantizar el Estado dominicano, en detrimento, de los dominicanos que tendremos que pagar más impuestos, mientras vemos languidecer nuestra soberanía y dominicanidad; y me pregunto: ¿a qué está jugando este gobierno?”, cuestionó Martínez a través de un comunicado de prensa.
Destacó que para garantizar salud, atenciones y solidaridad con cualquier ciudadano nacional o extranjero que sea víctima de este flagelo, no es necesario “dicho adefesio legislativo”, que pretende, incluso, ser mucho más garantista de derechos con extranjeros, que con los mismos dominicanos.
“Esto es una forma más de evadir responsabilidades que como Estado se deben asumir en materia migratoria, toda vez que dicho intento legislativo, contempla la no devolución a su país de origen de las supuestas víctimas, si estas se negaran, pero también estaríamos como Estado, lavándonos las manos y volteando la mirada a la hora de perseguir y enfrentar a las estructuras criminales que tantas veces hemos denunciado, que son los que se lucran con millones de pesos, fruto del tráfico ilícito de migrantes. Eso es ser irresponsable y pusilánime a la hora de defender nuestra Constitución y nuestras leyes, la cual es clara y está por encima de cualquier acuerdo o normativa internacional”, aseguró Martínez.